Noboa crea Comité para cumplir con el cierre del ITT

Quito jueves 9 de mayo de 2024. El Presidente de la República Daniel Noboa Azín, mediante Decreto Ejecutivo 257 dispone la creación de un Comité para dar cumplimiento a la voluntad popular de cierre de operación del Campo petrolero   ITT a tres meses de que se cumpla el plazo establecido por  Corte Constitucional.

El Comité estará conformado por cuatro ministros y el gerente de Petroecuador, con el objetivo de establecer un plan de acción y cronograma para el cierre progresivo del bloque petrolero 43 o ITT.

Este Comité tiene el objetivo de «cumplir la voluntad popular con respecto al retiro progresivo y ordenado de toda la actividad relacionada a la extracción de petróleo en el Bloque 43«.

Estará conformado por por cinco miembros: los ministros de Energía y Minas , Ambiente, Economía, Mujer y Derechos Humanos y el gerente de Petroecuador.

El Comité tendrá como principal tarea la elaboración de un plan de acción con los lineamientos y cronogramas para con la «voluntad popular», que implica el cierre del bloque petrolero. Esto como resultado de la consulta popular de agosto de 2023, donde más del 58% de los ecuatorianos votaron sí a dejar el petróleo en el subsuelo.

Las medidas que ordena el presidente Noboa se dan a un poco más de 3 meses de que se cumpla el plazo establecido por la Corte Constitucional del 31 de agosto de 2024 para el cierre definitivo del bloque petrolero que está entre los cinco más productivos del país con más de 52.000 barriles de crudo al día.

No queda claro cuál realmente es la estrategia del Gobierno sobre cómo y cuánto tiempo tomará dejar de explotar y cerrar el ITT (incluye, según lo establecido por la Corte, dejar el terreno como si nunca hubiera existido la infraestructura petrolera).

En medio de la crisis económica y fiscal, y todavía contando con la producción del ITT, los ingresos petroleros para el Presupuesto General del Estado (PGE) sigue a la baja mientras desde el ministerio de Energía y Minas, que actualmente está más preocupado del tema eléctrico, no se explica si se tiene una estrategia para revertir la caída de producción y el golpe que representará dejar de contar con el ITT.

El decreto de Noboa dispone que el plan de acción que salgan del Comité (no pone un plazo para elaborarlo) deberá ser  remitido a la Corte Constitucional. Además, cada mes se tendrá que informar sobre los avances del cumplimiento del plan de acción, según el cronograma.

Sobre este tema hay una denuncia por el delito de peculado en la Fiscalía General del Estado, presentada en año pasado (2023), por el Dr. José Luís Chávez Ponce, Constitucionalista y abogado penalista, contra los consejeros del CNE Consejo Nacional Electoral, por el delito de peculado, por haber incluido en las elecciones presidenciales y de asambleístas de mayo de ese año, la consulta popular sobre el Chocó Andino, para el caso de Pichincha y del ITT a nivel nacional.

Cabe destacar que las elecciones se adelantaron a raíz de la muerte cruzada que el entonces presidente de Ecuador Guillermo Lasso decretó por grave crisis política y conmoción interna. En ese Decreto 741, solo se disponía la elección de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, más nó que se incluyan las dos consultas populares antes mencionadas. Sin embargo, la Fiscal Diana Salazar, luego de aceptar a trámite la denuncia e iniciar la investigación respectiva y convocar a varias autoridades a rendir versión, dio marcha a atrás, incluso, se atrevió a decir que el denunciante, no es parte del proceso, caso insólito que solo en la administración de justicia ecuatoriana sucede esto, es decir que no se dé respuesta sensata a esta denuncia.

Según el constitucionalista el gobierno no está en la obligación de cumplir el mandato del pueblo ni ejecutar ningún tipo de acción por cuanto el pueblo fue engañado, al someterlo a un pronunciamiento sobre un tema que no fue socializado. Ahora el gobierno no sabe que hacer frente a la crisis económica ya que el presupuesto se financia con los ingresos petroleros.