La presidenta del Consejo de la Judicatura denuncia amenazas en su contra
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, reveló que ha recibido amenazas de muerte. públicos a nivel nacional. “He recibido amenazas de muerte (…) no tengo miedo porque quien decide estar al frente de la Judicatura sabe que hay un riesgo”, comentó la funcionaria en entrevista con la cadena Teleamazonas.
Pero ella no es la única que ha recibido amedrentamientos. Unos 121 funcionarios judiciales también han sido amenazados, sobre todo en la provincia de Los Ríos.
Caicedo también reveló que el Subdirector de Régimen Disciplinario de la Judicatura alertó que estaba recibiendo intimidaciones vía WhatsApp. “Le decían que ya no siga sacando informes de destitución porque o si no se compra un ataúd”, narró.
Ante esta situación, la presidenta del organismo que administra justicia indicó que el funcionario ha recibido el contingente necesario de seguridad y que se están haciendo cambios en esa área de la entidad.
Por otro lado, Caicedo, comentó que encontró “una casa con desafíos estructurales bastante complejos”, pero no son problemas imposibles de resolver .Indicó que había “desorden” en el régimen disciplinario, ya que no había un levantamiento de información adecuada, tampoco se conocía cuántas causas estaban por prescribir y no había un cronograma de cómo irlas evacuando.
Tras su llegada a la Judicatura, la funcionaria detectó 86 procesos disciplinarios en riesgo de prescripción, los cuales serán evacuados a lo largo de un mes, hasta el 20 de junio.
Por el momento, se ha logrado sancionar a 27 operadores de justicia, incluidos directores provinciales de la Judicatura.
Déficit de funcionarios judiciales
Caicedo también comentó que hay una “coordinación adecuada” con la Corte Nacional de Justicia para viabilizar concursos, particularmente el de jueces nacionales.
“El Pleno aprobó una resolución para aclaración de norma, en la que nos determinan los parámetros de la prueba de confianza, que es la que anteriormente ha provocado que los concursos se declaren nulos o fallidos”, explicó.
Agregó que hay un déficit de aproximadamente 1.000 jueces a escala nacional. Asimismo, faltan 621 fiscales, 2.000 funcionarios operativos en la Fiscalía, entre 200 o 300 defensores públicos y 500 funcionarios operativos en la Defensoría Pública. Además, alertó sobre un déficit de unos 1.000 jueces, 621 fiscales y 300 defensores. Sin embargo, señaló que primero se realizará el concurso para jueces constitucionales y luego vendrá el proceso para jueces de Corte Nacional. El plazo máximo es febrero del 2027.
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