Contraloría va tras la pista del patrimonio de 63 jueces del Guayas.

La Contraloría General del Estado examinará las declaraciones patrimoniales de 63 jueces que actúan en la provincia del Guayas. Esto, en el marco de la investigación del caso Purga de la Fiscalía.

El contralor Xavier Torres Maldonado dio a conocer este 6 de marzo que harán una comparación de lo que  declararon  los funcionarios judiciales cuando asumieron como jueces y  que actualmente registran como patrimonio.

Si bien este análisis es parte de la planificación de las acciones de control de la Contraloría para 2024, Torres reconoció que los efectos del caso Purga, en el que fueron detenidos y son procesados siete jueces de la Corte de Justicia del Guayas, aceleró el proceso de verificación.

Entre todos los jueces de esa provincia han presentado, hasta el momento, algo más de 400 declaraciones que serán sometidas a las auditorías de la Contraloría. El examen empezará el jueves 7 de marzo o, a más tardar, a inicios de la semana entrante.

Los auditores de la Contraloría contrastan la declaración de inicio con la final de funciones y cruzan información con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE). «Revisamos todos los recursos que han ingresado a las cuentas de ellos (de los jueces), así sean de USD 30 USD 40. Nos dirán, ¿por qué tan poquito? Esos USD 30 o USD 40 si es algo repetitivo tiene que justificar. Todo dinero que ingrese sin justificación ya se presume que hay enriquecimiento ilícito», dijo.

El contralor indicó que todo examen especial tiene una duración de 180 días, pero espera que, en este caso, en no más de 90 días ya haya resultados. Dos auditores serán designados por declaración.

Torres recordó que todo servidor público tiene que presentar su declaración patrimonial al inicio y final de la gestión y que ese debe ser el caso del ex asambleísta del PSC, Pablo Muentes. Por eso, se hará una revisión de los que ha reportado el exlegislador, que es investigado en el caso Purga, usando los mismos criterios que para los jueces y otros funcionarios públicos.