A veces la justicia tarda pero llega

Este es uno de tantos casos de atropello que se dan contra los trabajadores por el solo hecho de reclamar que se hagan las cosas bien y exigir sus derechos. El texto que presentamos a continuación es un relato de un empleado del Municipio de Rumiñahui, que debió enfrentarse al poder para hacer que se haga justicia en su nombre.

¿Ingeniero Civil Alfonso  Pinto, cuéntenos como sucedieron los hechos?.

Hace aproximadamente ocho años, se suscito un caso de supuesto delito de peculado en el municipio de Sangolquí, en el departamento de Agua potable. En esa época varios funcionarios de la Municipalidad fueron involucrados en este acto irregular, que también  salpicó al  ingeniero Alfonso Pinto Díaz.

En enero del 2008, se montó un operativo dirigido por el Alcalde, Héctor Jácome, con 50 elementos del grupo de operaciones especiales de la policía GOE. con presencia de medios de comunicación, cuyo propósito era detener a varios funcionarios acusados de peculado.

La intención del Alcalde era limpiar una supuesta corrupción en el municipio, a propósito  que en meses posteriores se iban a realizar elecciones de nuevo alcalde.

El supuesto peculado se habría producido en  noviembre del 2005 en tesorería por parte del entonces recaudador quien por cuenta propia decidió  cobrar cartas de agua potable a las empresas del cantón en su domicilio lo cual era ilegal, ya que estos cobros únicamente se hacen en ventanilla.

En enero de 2006 se ventiló el caso y a los supuestos implicados se los cancelo de sus puestos de trabajo. Otros fueron obligados a renunciar con lo que se dio por terminado el escándalo de supuesta corrupción. Al menos eso creyó el ing. Pinto.

Pinto aseveró que al investigar los hechos, se dio cuenta de que todo esto se produjo  porque en febrero del 2007 como dirigente de la asociación de empleados del municipio en una sesión del directorio solicitó audiencia al alcalde para ser recibidos en comisión general con el fin de tratar temas como la compra de renuncia voluntaria y la reclasificación del personal que fueron ofertas de campaña. Pero en vista de que no hubo respuesta tuvo que involucrar a los concejales en el tema a fin de presionar al alcalde hasta que accedió.

En esa reunión se detectó que algunos empleados no estaban capacitados para desempeñar determinados cargos, como el caso del Director de agua potable que no sabía cuál era el costo del metro cubico y además eran familiares cercanos a la esposa del alcalde motivo por el cual no podía removerlos. Además el Director de Planificación expresó que no le rendiá ni el 30%, y el Director de Obras Públicas no conocía ni el parque Juan Salinas.

Pinto, consideró que hubo un atropello al aumentar el personal en el municipio. Había gente que ganaba mucho más que los empleados de alto rango y todos venían de Quito. Esos reclamos  no le gustaron  al alcalde y a ciertos directores.

Desde ese momento empezó la persecución en mi contra, querían sacarme del municipio a como sea. Fui removido del cargo a diferentes puestos. De jefe de comercialización pasé a obras públicas, luego a control ambiental. Un ingeniero Silva me mando al basurero de Cashapamba a contar los basureros que entraban  y salia sin el equipo necesario.

En  vista de que no encontraban motivos para echarme, en enero del 2008 nuevamente reactivan el caso del supuesto peculado que ya había sido cerrado. Y ahí si directamente me incluyeron en la lista de las personas que debían detener.

El  23 de enero del 2008 se hizo el operativo. Como si se tratara de detener una banda de antisociales se tomaron el municipio y capturaron  a 9 personas; pero lo que querían era la cabeza de Alfonso pinto, sin embargo ese día  no cayó en la redada porque estaba de vacaciones y no se percataron de eso.

La víspera asegura Pinto, la secretaria, del Ing. Silva Dirctora de Control  Ambiental; insistentemente lo llamó para informarle que debía estar muy temprano al día siguiente  en su trabajo porque había que solucionar alguna irregularidad en el departamento de su gestión. “Pero yo les había mencionado que como estaba de vacaciones no podía asistir y que además tenía otras actividades que realizar fuera de la ciudad y que asistiría en otro momento para solucionar el asunto, pero al enterarme del operativo preferí ponerme a buen recaudo”.

Más de 8 meses con boleta de detención fue motivo para la destitución del cargo por inasistencia.

Esta persecución fue motivo para iniciar una demanda por daños y perjuicio contra el municipio por inobservancia del debido proceso ante el  tribunal contencioso administrativo.

La sorpresa se la llevo Pinto al enterarse que el Tribunal Contencioso Administrativo falló en su contra por presiones del municipio.  El caso del supuesto peculado no se pudo ventilar aquí porque el fiscal en 5 meses no pudo definir las pruebas de un caso que ni siquiera tuvo informe de contraloría.

Posteriormente las acciones penales  se hicieron  en Quito, porque en el Cantón Rumiñahui, la justicia estaba al servicio del Alcalde. Fiscales, jueces y policías.

 De los 9 implicados 6 estuvieron detenidos en Sangolquí y luego enviados a Quito. Después de analizar el caso el fiscal que llevaba el juicio les otorgo la libertad a tres compañeros

En febrero de 2011 salió la sentencia del primer tribunal en la que se absuelve a Pinto. Sin embargo el proceso debió continuar en el Tribunal Contencioso Administrativo, para presentar las pruebas de descargo por la inasistencia al trabajo en vista de que había orden de detención de su contra y además   era necesario presentar un presentar un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia de lo Contencioso Administrativo para el reintegro al trabajo.

Con la sentencia del primer  Tribunal de Garantías Penales, se pudo aclarar en el Contencioso Administrativo los hechos ocurridos respecto del supuesto delito de peculado que pesaba en su contra; y en septiembre de 2015 se dio la restitución a cargo  a pesar de la negativa del alcalde.

Pinto cuenta que el Alcalde Héctor Jácome, lo sigue viéndolo como enemigo número uno, cuanto tiene otros problemas de qué preocuparse, como el caso del volcán Cotopaxi.

El afectado señala que desde que ingreso nuevamente a su puesto de  trabajo 1 de octubre de 20015, le asignaron el cargo de analista ambiental 1. Cuando él tenía el cargo con  nombramiento,  de analista  de control ambiental, profesional 2. Aquí se demuestra  la discriminación, porque lógicamente las personas de talento humano tienen que hacer lo que dice el alcalde sea legal o ilegal.

“El director de talento humano me reintegró al puesto como  analista de control ambiental 1 cuando era profesional  2 y con  el sueldo de 835 dólares que ganaba hace 8 años cuando el sueldo que tiene la reclasificación del municipio y el resto de compañeros es de $1.200. Y cuando le reclamé al Director de talento humano, me respondió que el sueldo estaba congelado.  Esto demuestra una clara persecución que aún el municipio del cantón Rumiñahui mantiene contra mi persona”, reiteró.

Revisando  la ley con los abogados se determina que dicha acción no existe. Lo que debían hacer era  mantener el puesto de analista de control ambiental 2 por que estaba en litigio y además porque  no sabían cuál debía ser el fallo que emita el tribunal respectivo.

El tribunal lo reintegra al cargo,  sin el pago de remuneraciones por los años de suspensión de labores, por eso se sigue las acciones en materia penal,en contra del Municipio hasta que las autoridades definan el monto a indemnizar.

En lo personal dijo sentirse muy apenado por todos los inconvenientes que le ha generado todo este proceso con sus familiares amigos,gremios clasistas y profesionales y ciudadanía en general.

Ahora toca esperar los resultados del proceso en el tema indemnizaciones, es un proceso largo que demoraría un año y medio aproximadamente debido a la lentitud con que se manejan determinados casos. Sin embargo mantiene la esperanza de que con los cambios que se han hecho a la administración de justicia las cosas mejoren y se agilite este proceso.

Pinto, es consciente de que hubo una arbitrariedad en cuanto al cobro de las planillas de agua a domicilio  por parte de un funcionario, sin que lo haya dispuesto el tesorero,  pero toda esta acción del alcalde ha permitido que haya la impunidad, porque el momento en que  el tribunal de garantías penales determinó  la inocencia de los involucrados debido a que el municipio no presentó pruebas y más bien dio paso a que exista la impunidad.

Pinto sostuvo que su familia esposa e hijos  fueron los más afectados moral y psicológicamente por toda esta persecución perversa generada a través del Alcalde Héctor Jácome. Pese a ello hubo muchas personas que  se han acercado a solidarizarse. Pero el buen nombre no se limpia  con una sentencia de un Tribunal. El daño se lo hizo y eso es irreparable. Lo lógico habría sido  que el señor alcalde, una vez que se ventiló el caso,  se disculpara; pero el odio el orgullo  y la persecución pesan más.

El Ing. Pinto expresó que confia en Dios y la Justicia del hombre para que en algún momento se repare el daño causado a su famila y a él como funcionario del municipio.