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Presidente Correa ve necesario analizar la continuidad del país en la CAN

Presidente Correa ve necesario analizar la continuidad del país en la CAN

fot internet

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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo hoy, 10 de febrero de 2015, que se debe «analizar seriamente» la continuidad del país en la Comunidad Andina (CAN), bloque que la pasada semana emitió una resolución contraria a las medidas de protección comercial aplicadas por el país a sus vecinos Colombia y Perú. El Gobierno de Ecuador impugnó el pasado domingo una resolución de la CAN, que le exigió eliminar una salvaguardia aduanera impuesta a importaciones de Colombia y Perú por las devaluaciones monetarias en esos países, que afectan la competitividad de las exportaciones nacionales. Ecuador rechazó la resolución al considerar que «excede las competencias que le confiere el Acuerdo de Cartagena», instrumento de fundación de la Comunidad. El gobernante ecuatoriano, en un encuentro con periodistas en Guayaquil (suroeste) consideró conveniente analizar la continuidad de su país en ese organismo que, agregó, «sirve para muy poco», aunque precisó que su posición no obedece a «esta coyuntura». Señaló que la CAN fue «golpeada de muerte» con la firma de tratados de libre comercio con Estados Unidos por parte de Colombia y Perú. Sobre la resolución impugnada, Correa dijo que lo que ha hecho Ecuador «está contemplado en el marco de la CAN» y añadió que se presentarán «las quejas del caso». Consideró, además, que entre los «enemigos» de la revolución que lidera, existe alguno en las «máximas instancias» del organismo andino. La Secretaría de la CAN, con sede en Lima, al desautorizar la aplicación de la salvaguardia por parte de Ecuador, le recomendó devolver el importe de ese pago aduanero a las empresas afectadas. Según el Gobierno ecuatoriano, a la Secretaría de la CAN no le está conferida la posibilidad de «emitir dictámenes no vinculantes en materia de salvaguardia cambiaria», ya que solo puede reflejar «exclusivamente la posición institucional sin generar efectos mandatorios para los países miembros». (EL COMERCIO)

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