Ecuador espera USD 4.000 millones en préstamos para financiar el  presupuesto.

El Presupuesto del Estado de 2025 requiere de unos USD 11.531 millones en préstamos para cubrir una parte del millonario gasto público pero también para pagar las cuotas de deudas contraídas en el pasado, que vencen y se deben pagar en este año.

En el Presupuesto se establecen los ingresos que espera tener el Estado (impuestos, venta de petróleo) y los gastos en los que debe incurrir para dar servicios a los ciudadanos. Pero como esos ingresos no son suficientes frente a los gastos, cada año el Estado también requiere pedir préstamos.

La mayor parte de esos recursos ha venido del dinero de los afiliados que administra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Y es que el IESS, aunque es una entidad con autonomía del Gobierno Central le presta dinero cada año al comprar la mayor parte de los bonos de deuda interna que emite el Ministerio de Finanzas.

Entre enero y el 23 de octubre de 2025, los recursos que ha recibido el Estado por bonos de deuda interna suman ya USD 6.016 millones. Con esto ya se ha completado casi todo lo que se preveía para este año.

Entre enero y septiembre de 2025, el Gobierno de Noboa ya gastó más de $19.900 millones. Esto representa el 60% de los $33.065 millones presupuestados para este año.

Eso quiere decir que durante los últimos tres meses (de octubre a diciembre) se debe ejecutar alrededor del 40% del gasto presupuestado, o alrededor de $13.162 millones.

De ese total, casi el 25% serán solo sueldos por más de $3.100 millones. Hay que recordar que el pago del décimo tercer sueldo, de acuerdo con una disposición del presidente Noboa, no se pagará en diciembre, sino hasta el 14 de noviembre próximo.

Además, se deberá gastar, entre octubre y diciembre de 2025, un total de $1.200 millones adicionales en compras de bienes y servicios; $1.411 millones en transferencias corrientes, incluido pagos al IESS, bonos sociales, entre otros; $911 millones en intereses de deuda pública y $962 millones en transferencias a los gobiernos locales.