Reformas a la Ley de Educación Superior en la Asamblea

El presidente del Consejo de Educación Superior, René Ramírez, entregó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior.

En los 9 artículos y 2 disposiciones que contiene el documento se enfatiza el impedimento de que las universidades e instituciones de educación tengan fines de lucro.

«Lo que queremos es establecer normativas que no existen en la LOES para garantizar que las universidades privadas que tengan excedentes reinviertan en la propia universidad», comentó Ramírez.

Esta normativa entregará mayores atribuciones al CES, que podría incluso reducir los aranceles de las universidades privadas; y destituir a las autoridades en caso de comprobarse que estas instituciones realizaron transacciones con sociedades constituidas o domiciliadas en paraisos fiscales.

El presidente de la comisión, Raúl Abad, indicó que es necesario tramitar estas reformas con rapidez y para ello se analiza la posibilidad de incluir para el segundo debate en dos leyes que al momento ya se tramitan en esta comisión como son: la Ley de Extinción de universidades cerradas y el Código Ingenios.

De su lado Leonardo Orlando, director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), comentó que se ha evidenciado que cinco universidades (cuatro de Quito y una de Guayaquil) mantienen relaciones comerciales con grupos económicos nacionales e internacionales, que, a su vez, tienen relación con empresas offshore en paraísos fiscales.

Enfatizó que dichos establecimientos particulares en el período 2008 – 2016 han enviado al exterior 118 millones de divisas-, mientras 22 autofinanciadas lo han hecho por 60 millones, dando un monto cercano a los 200 millones de dólares. Se ha detectado el ánimo de lucro y la no reinversión de excedentes en el mejoramiento de la infraestructura de los planteles, fortalecimiento de la investigación y la excelencia, lo que constituye un claro irrespeto a la norma constitucional, afirmó.

Las universidades privadas han establecido como norma de conducta el alquilar bienes y pagar ingentes sumas de dinero por el arriendo, siendo los dueños de los predios generalmente directivos de las instituciones o sus familiares directos. Esa actitud también se manifiesta en la provisión de servicios hasta para la contratación de servicios de publicidad con compañías del exterior, cuyos accionistas tienen empresas domiciliadas en paraísos fiscales, dijo.(I)