La UNE con amenaza de disolución

El Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) por supuesto incumplimiento al reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las organizaciones sociales y ciudadanas.

La notificación de esta decisión la realizó el subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Fernando Yánez, quien otorga el término de 15 días a los dirigentes de la organización para que presente evidencias o pruebas de no haber incurrido en las causales establecidas en el reglamento, de lo contrario podrá ser disuelta en el término de 20 días.

La normativa a la que hace alusión el funcionario se refiere a las causales de disolución de las organizaciones establecidas en el Reglamento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales.

Luis Villacís, exdirigente del gremio de educadores, afirmó que se trata de una represalia del Gobierno porque sus dirigentes participaron en las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; ante los cuales presentó información sobre supuestas violaciones a los derechos de los trabajadores de la educación en el gobierno de Rafael Correa. (I).

El Decreto 16 fortalece el poder ciudadano de las organizaciones sociales

Amparados en el Art. 66 de la Constitución del Ecuador, el Estado garantiza el derecho de asociación de forma libre y voluntaria, por lo que a través del Decreto No.16 se proporciona a las organizaciones sociales beneficios como el reconocimiento, certificación y acompañamiento por parte del Estado central para su promoción, participación y fortalecimiento.

Las regulaciones del Decreto 16 no son nuevas, son parte de regulaciones que están vigentes desde el 2008, cuando se promulgó el Decreto N° 982 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, que en el Art. 36 dispone que el Estado implemente un Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales.

Esta normativa se desarrolló con la participación de 1.700 organizaciones en las 24 provincias del país.

El Decreto No. 16 prevé la existencia de una base de datos unificada de las organizaciones sociales, que contarán con un acompañamiento desde las carteras de Estado relacionadas a su rama de acción, de forma tal que se fomente la organización ciudadana.

El Gobierno no restringirá la libertad de asociación, ni promoverá a través de este proceso de registro la disolución de las organizaciones sociales. Al contrario, buscará fomentar la acción colectiva de la propia sociedad, asegurando una participación plena y democrática en los temas que son de importancia para el país, evitando que las ONG sean una palestra política.

Algunas de las ONG que hoy son detractores del Decreto 16 han obtenido recursos del extranjero de forma poco transparente, permitiendo que grupos de presión y de interés tomen el control de ciertos espacios de influencia. Rechazamos los comentarios malintencionados de la oposición sobre la normativa ya que han generado comentarios equivocados por parte de actores sociales y políticos que buscan desestabilizar la democracia y mantener sus intereses particulares.

Para mantener informada a la ciudadanía y las organizaciones sociales sobre el Decreto 16 y su alcance, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP), ha realizado y sigue realizando una serie de capacitaciones a escala nacional con el fin de que las y los representantes de las mismas conozcan los beneficios del Decreto en referencia.

/www.sociedadcivil.gob.ec/.