QUITO.- Un grupo de 1600 jueces y juezas de primer nivel bajo la lupa del Consejo de la Judicatura (CJ). A partir de hoy y, hasta octubre próximo, serán evaluados -por primera vez- en su productividad y eficiencia, de lo que dependerá su estabilidad en la Función Judicial. En este primer proceso, que irá desde 31 de marzo de 2013 hasta octubre de 2014, entrarán jueces de Tribunales Distritales (Penales, de lo Contencioso Administrativo o Tribunal Fiscal) y de Cortes Provinciales.

La razón, dijo el titular del CJ, Gustavo Jalkh, es garantizar un servicio de justicia oportuno y de calidad, considerando que la carga procesal, según reveló esta autoridad el mes pasado, llega al millón de causas.

“Es importante que todos los jueces y juezas, sin excepción se encuentren en los estándares similares a los estándares que compañeros judiciales los tienen y que se convierten en un ejemplo institucional”, sostuvo.

Jalkh explicó que el proceso permitirá que los jueces con mejores calificaciones sean promovidos y reciban compensaciones, pero los que no superen el 60% de causas despachadas entrarán a una segunda evaluación. “Quienes tengan al primero de octubre de este año, una calificación deficiente tendrán que pasar una nueva evaluación en el lapso de tres meses, y si en ese caso no pueden obtener una calificación, de acuerdo a la ley tendrán que ser removidos de su desempeño”, sentenció.

En esta primera valoración no incluirán parámetros cualitativos sobre las resoluciones de los jueces, ya que para este funcionario esos criterios entrarán en la evaluación que se realizará en el 2015, a la que le seguirá también un examen para los secretarios, los amanuenses de los juzgados y los fiscales.

El parámetro de evaluación se obtendrá de la relación entre causas ingresadas versus los procesos resueltos.

El titular de la Judicatura dijo que hay casos que en la misma materia con cargas procesales muy similares tienen otra productividad que no son aceptables, aunque pueden ser una minoría. Por ello, remarcó que estos procesos de evaluación “nos ayudan a identificar esa realidad y poder establecer las metas y desafíos que todos los jueces deben alcanzar que otros compañeros lo han alcanzado para una justicia oportuna”.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, José Alomía, aplaudió la medida en virtud que hay jueces que demoran el despacho de las causas, lo que no se compadece con el ingente inversión del Estado en la modernización de la administración de justicia y que según cifras oficiales superan los 800 millones de dólares desde el 2010. (El mercurio).