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Empresarios exigen seguridad jurídica para inversiones

Empresarios exigen seguridad jurídica para inversiones

Los principales representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la Federación del Cámaras de Industrias y la Cámara de Minería presentaron una posición conjunta sobre la situación de las inversiobes mineras en el país.

“Apoyamos la decisión del juez constitucional que la semana pasada suspendió la consulta popular en Girón, provincia del Azual. Ese proceso estaba plagado de vicios y no respetó la seguridad jurídica de la empresa que ha estado invirtiendo varios años en la zona”, dijo Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería.

Por su parte, Patricio Alarcón, presidente del CEE, recalcó que la Corte Constitucional debe ratificar la última decisión judicial y evitar que las decisiones con titnte político acarreen posibles demandas internacionales de empresas que están desde hace varios años haciendo exploración minera en el país.

El Dato
La empresa canadiense INV Metales ha estado explorando en el proyecto Loma Larga, en Azuay, desde 2000. La construcción de la mina subterránea está prevista para 2020 y el inicio de la explotación de oro, plata y cobre para finales de 2021.”No puede ser que 15.000 personas en la parroquia Girón decidan sobre algo que afecta a todos los ecuatorianos. Los temas mineros no pueden decidirse en consultas locales”, comentó Alarcón.

Además advirtió que es mu grave que las autoridades electorales busquen presionar a la justicia para obtener sentencias de acuerdo a sus intereses. Esto en respuesta al pedido de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para que se suspenda al juez constitucional que aceptó las medidas cautelares de pobladores de las cercanías del proyecto minero, y ordenó la suspensión de la consulta popular establecida para este domingo 24 de marzo.

Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, acotó que el país debe ver con alarma lo que sucede en Buenos Aires, provinca de Imbabura, en donde se impidió la inversión de una empresa extranajera, y ahora la zona está tomada por la minería ilegal

“Las empresas legalmente constituidas son controladas estrictamente por las autoridades, y deben sacar licencias ambientales para operar”, añadió

Según los empresarios, si no se respeta la seguridad jurídica, estarían en riesgo, al menos, 3.800 millomes de dólares en inversiones y más de 1.500 millones de dólares en recaudaciones de impuestos hasta 2021.(Texto Lahora)

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