El movimiento sindical de trabajadores busca recomponerse

Un hogar en el que solo trabaja el padre, la madre es ama de casa y tienen tres hijos, el salario básico es de USD 340 y la canasta familiar cuesta USD 638. Ese es el escenario de la familia promedio en Ecuador, según los líderes sindicales. Y esta es apenas una de las razones por la que ellos marcharán este miércoles en búsqueda de mejoras en el ámbito laboral. Dentro del sindicalismo existe la expectativa de que no menos de 12 000 personas respondan a la convocatoria. Las políticas laborales regresivas durante los siete años del Gobierno del presidente Rafael Correa han creado la necesidad de que el movimiento de los trabajadores se reconfigure, sobre todo luego del desgaste que ha vivido desde la década de los 90. Así describe el presente sindical Verónica Montúfar, coordinadora de Proyectos de la Regional Andina de la Internacional de Servicios Públicos. El sitio de convocatoria será el que siempre han usado las organizaciones gremiales: la avenida 10 de agosto, a la altura del IESS. Pero la movilización será de carácter nacional y en las capitales provinciales lo harán hacia las gobernaciones. La bandera de esta protesta no solo será la reivindicación de temas laborales. La lista es larga y se engrosa con los planteamientos de otros sectores, como el movimiento indígena, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación Médica Ecuatoriana y otras organizaciones sociales. Juntos reclamarán por el proyecto de Código Laboral, el proyecto de enmiendas constitucionales, el Decreto 016, la Ley de Aguas, el proyecto de Ley de Tierras, el salario básico, los despidos colectivos, la seguridad social, la intención de trasladar los fondos previsionales al Biess y de disminuir las utilidades de los empleados de las telefónicas. Montúfar sostiene que es el momento para que el movimiento se regenere e invite al Gobierno a un proceso de diálogo. Tiene dos retos fundamentales: parar la política laboral regresiva y demostrar que tienen la capacidad de presentar una propuesta de unidad sindical. A sus ojos este es un proceso de reconstitución de su credibilidad y legitimidad, resultados que se verían a mediano y largo plazo. Si bien desde la década de los 90 el sindicalismo padeció una crisis de representatividad en las demandas de los trabajadores frente a lo que se denominó “la ofensiva neoliberal”, en este siglo se mostraron aliados al inicio de este Gobierno. Ahora, el movimiento sindical se divide entre quienes consideran que este continúa con el mejoramiento de las condiciones de vida y aquellos que dicen sentirse traicionados. “Al inicio apoyamos la propuesta del Gobierno y una vez más fuimos engañados”, dice Mario Morales, secretario de la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (Fetralpi). Por eso, se unirán a la marcha aferrados al derecho a la protesta y la resistencia. En cambio, para José Chusin, de la Federación Unitaria de Organizaciones Sociales (FUOS), el Gobierno tiene que transparentar sus verdaderas intenciones políticas: un proyecto capitalista y no socialista. La movilización sería solo el inicio de una agenda que a futuro podría terminar en una huelga nacional. Estos dirigentes aceptan que es difícil organizarse y que les ha tomado tiempo, unos tres años, especialmente porque no tienen los recursos económicos. El objetivo es el diálogo, dice Edwin Bedoya, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), y niega que se trate de desestabilizar al Gobierno. No todos los trabajadores están de acuerdo con la posición del FUT. Jaime Arciniegas, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, tiene una versión distinta. Esta organización ha dialogado con el Gobierno y el próximo lunes recibirán formalmente el nuevo proyecto legal para analizarlo. Por lo tanto, no ve la razón para movilizarse por una normativa que aún no conocen. Y cuenta que mantendrán mesas de diálogo con el Gobierno y con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aunque este gremio tiene un punto en el que coincide con el FUT: no aceptarán las enmiendas constitucionales en el tema laboral. Y esta posición, asegura Arciniegas, conoce bien el ministro Carrasco. Otra organización que se ha mostrado afín al Gobierno, la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), en cambio, sí se sumará a la protesta, aunque no coincidan con todas sus demandas. Su dirigente, Édgar Sarango, cree necesario aclarar que no significa un divorcio con el Régimen pues apoyan los procesos de cambio en otras áreas. Las organizaciones sindicales insisten en que de su lado no ha habido una negación al diálogo. Pero también tienen una necesidad: demostrar que han recuperado fuerza. Y para ello deberán enfrentar la fuerza gubernamental, que organizará un festival de música en la Plaza Grande ese mismo día, según anunció el Presidente. En contexto La marcha de este miércoles es la tercera que realizan los sindicatos en este año. El 1 de mayo y el 17 de julio ya hubo movilizaciones, en las que se abordaron varios temas políticos. La concentración en esta ocasión será a las 16:00, en la av. 10 de Agosto, frente al IESS.